sábado, 25 de junio de 2016

El derecho a voto de las personas “incapacitadas”.

El próximo día 26 de junio, como todos sabemos, se celebran elecciones generales. Al hilo de esta convocatoria, el CERMI ha liderado una campaña para la reivindicación del derecho al voto de las personas incapacitadas judicialmente, campaña que ha tenido sus actos culminantes en la escenificación del voto de estas personas en diversos lugares públicos de España.
En opinión de quien esto escribe, ese tipo de campañas son muy necesarias, y hay que recordarles a las organizaciones políticas que los incapacitados también existen y que, aunque fuera por el mero interés de cosechar votos en estos campos, deberían recordarlos una vez en el poder y proceder a realizar las correspondientes modificaciones legales que les permitieran, sin tener que llegar a realizar interpretaciones, ejercitar uno de los derechos básicos en una democracia. Ahora bien, desde el punto de vista de la eficacia en el ejercicio de ese derecho, mi criterio hubiera sido proceder también, en su momento, a presentar las correspondientes reclamaciones individuales al censo electoral, para que pudieran estar resueltas antes del día 26 de junio y todos supiéramos si las personas incapacitadas podrán o no votar, es decir, conocer cuál es el verdadero criterio del Estado español ante la reclamación de este derecho. En este momento, sólo queda que el domingo las personas incapacitadas se acerquen a la mesa electoral o a la Junta Electoral de Zona y presenten la correspondiente reclamación por la privación de su derecho al voto.
Pero, ¿cuáles son los argumentos? ¿Pueden realmente ejercer el voto aquellas personas que han visto modificada su capacidad por un juez? Por desgracia, la respuesta es parcial, según y cómo, si el juez que decretó la modificación de la capacidad recogió  expresamente la prohibición del ejercicio del derecho al voto.
La Constitución española reconoce el derecho al voto de todos los mayores de 18 años y el art. 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que únicamente no podrán ejercer ese derecho quienes hayan sido condenados por sentencia (en este caso, penal) a la suspensión de voto, quienes están internados en un hospital psiquiátrico mientras estén en dicho centro; y los declarados incapaces a través de una sentencia judicial firme. A parte del lenguaje desfasado (ya no se habla de incapaces, sino de personas cuya capacidad ha sido modificada), la LOREG es de 1985, no se han recogido ni los principios ni los derechos expresos que la Convención de Nueva York sobre derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en 2008 reconoce al colectivo.
(Una nota importante: según la propia Constitución, los tratados internacionales se encuentran, en una imaginaria pirámide legislativa, a un nivel por debajo de ésta pero por encima de las leyes internas).

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